Esta publicidad se cerrará en segundos Cerrar

Política y acción

Deben reconocer que la iniciativa privada y el emprendimiento van a veces, por cauces insospechados para políticas, planes y programas, y ciertamente los funcionarios del Estado tienen el deber de informarse, estudiar y visar proyectos para verificar su sustentabilidad ambiental.

El proceso electoral en Chile finalizó recientemente y hay una alta probabilidad de que las nuevas autoridades, que asumirán en marzo de 2018, busquen identificar políticas públicas en sintonía con sus principios y objetivos. El caso es que lamentablemente, los ciclos presidenciales de 4 años no favorecen los lineamientos de largo plazo, y eso da de cabeza con la industria forestal, las plantaciones y los bosques.

La definición de una política pública es pre anticipatorio a la planificación sectorial, es indicativa y debiera ser adaptativa. Frente a recursos escasos y necesidades ilimitadas priorizar es esencial. Se hace imprescindible jerarquizar y organizar capital humanos y material para impulsar los cursos de acción, en otras palabras preparar el camino a la toma de decisiones racionales.

El proceso de conformación de una política sectorial no es lineal, y aún más es cíclico. Juegan un rol importante, entre otras consideraciones la madurez del desarrollo y del proceso de la contingencia pública del país, y las iniciativas que se impulsen en otros sectores y principalmente de la transversalidad de las orientaciones sociales y económicas.

La formulación de la política forestal, emprendida durante el presente gobierno, ha sido un ejercicio parcialmente participativo, tal que los proyectos reales, viables y sustentables tendrán la impronta que sus ejecutores les impriman, independientemente de los lineamentos. Se deja sentir la ausencia de incentivos y estímulos a la forestación de suelos y áreas marginales y actualmente sin uso. La conformación de estas orientaciones debieran tener siempre en consideración lo que verdaderamente importa para lo público y lo privado, para lo corporativo y lo individual, ajeno a presiones o coacción individual o colectiva, para que la representatividad sea genuina.

En este contexto, pareciera ser que además de la complejidad que entraña el diseño y operación de una política pública, otro de sus principales retos es su evaluación, derivado no solo de lo que representan hoy en día el uso de los medios tecnológicos y de los medios de comunicación en el proceso de información, y su impacto en los beneficiarios y los afectados. Esto lleva a considerar que se debe tener la prudencia de medir anticipadamente el efecto e impacto que puede tomar una determinada intervención pública, y por lo tanto percibir su utilidad social. Luego, entonces, estas iniciativas deben tener en consideración que las decisiones que tomen las autoridades respectivas se reflejen en los planes, programas y proyectos que, al momento de ponerse en operación, utilicen adecuadamente los medios políticos, jurídicos, económicos, sociales y culturales, que permitan dar cumplimiento eficaz a los objetivos que motivan la puesta en marcha de dicha política pública.

Ahora más que nunca cobra relevancia la necesidad de restituir las áreas afectadas por los incendios de comienzos de 2017, pero también la necesidad de incorporar tierras marginales y ociosas a la corriente productiva, y ello llama a que el Estado tenga una visión de urgencia y pro-actividad. Las instituciones públicas, por cierto, no pueden ser simples observadores del acontecer en la industria (bosques y fábricas).

Deben reconocer que la iniciativa privada y el emprendimiento van a veces, por cauces insospechados para políticas, planes y programas, y ciertamente los funcionarios del Estado tienen el deber de informarse, estudiar y visar proyectos para verificar su sustentabilidad ambiental.

Esta acción sin embargo, en el caso de ser viable, debe ser apoyada y fomentada, de modo tal que dichas iniciativas se integren a la cuenca, el paisaje o el ámbito donde se desarrollarán y así la comunidad –los individuos- perciban que el desarrollo de los proyectos que se ejecuten contribuirán al mejoramiento de su calidad de vida.