Reflexiones sobre el estado actual de la protección contra los incendios forestales

“La defensa de los recursos forestales contra los incendios tiene en el presente un muy precario respaldo legal y normativo”.

A finales de la primavera del 2016 se tenía claro que la severidad de los incendios forestales en Chile estaba experimentando un significativo incremento. Ya en dos temporadas anteriores, 2013/2014 y 2014/2015, las superficies afectadas por el fuego alcanzaron 108 mil y 128 mil hectáreas, respectivamente, las más altas desde que existen registros oficiales. Se consideraba que el presente verano sería nuevamente crítico, pero nadie imaginó que la gravedad del problema llegaría a los niveles que lamentablemente sucedieron: 600 mil hectáreas dañadas al término de febrero, lo que concretamente significa unas 10 veces el promedio anual histórico, además de la destrucción de miles de viviendas, impactos negativos de considerable magnitud en los ámbitos social, ambiental y económico para el país y, también, la triste noticia del fallecimiento de seres humanos como consecuencia de este desastre.

Es indudable que la necesaria tarea de proteger a las comunidades rurales y a los recursos naturales renovables en Chile quedará marcada por la horrenda temporada que hemos presenciando. También se podría señalar categóricamente que los sucesos del presente verano 2016/17 marcarán un antes y un después de la protección contra incendios forestales.

Se observa que las organizaciones para la protección forestal, tanto públicas como privadas, año tras año han venido incrementando sus esfuerzos para mitigar los daños e impactos de los incendios forestales, pero también muchas voces, desde hace ya varios años, han expresado su preocupación por la ausencia de políticas públicas y las decisiones consecuentes que permitan definitivamente disponer de las capacidades necesarias para enfrentar un problema gravísimo que, por efectos del cambio climático, nos advierte que los escenarios futuros serán muy complejos. Entonces, no podemos darnos el lujo que continúe pasando el tiempo sin asumir, con la profundidad requerida, las responsabilidades que nos exige la defensa de nuestros bosques.

En primer lugar, tendremos que superar el tema de la insuficiencia de la institucionalidad del Estado para la protección forestal, que actualmente consiste en una suerte de engendro público-privado representada por una Corporación Nacional Forestal que actúa como un servicio forestal, pero sin contar con las potestades necesarias, por el hecho de haberse creado sin el respaldo de una ley de la República y que, además, esté disponiendo de recursos claramente insuficientes para responder de manera adecuada a las demandas de un país que posee una neta vocación forestal.

En segundo lugar, la defensa de los recursos forestales contra los incendios tiene en el presente un muy precario respaldo legal y normativo. Hace unos 15 años, en un estudio encargado por el Ministerio de

Agricultura a la Fundación Chile, se comprobó que los requerimientos de apoyo legal para las diversas tareas de un programa nacional de protección solamente estaban cubiertos entre un 5 y un 10%, lo que se mantiene hasta la fecha sin mayor variación. Ahora, si se revisan las legislaciones en la materia en el ámbito latinoamericano fácilmente se podrá comprobar que la de Chile se encuentra en un nivel crítico por su pobreza de contenidos y ausencia de modernidad. Afortunadamente la calidad, el voluntarismo y la motivación de las personas que participan en la noble tarea de la protección han estado ocultando en alguna medida esa falencia, pero los escenarios de problemas que se vislumbran para los próximos años, por los desastres que nuevamente podrían suceder, nos indica que definitivamente no podremos seguir manteniendo actitudes que soslayen la gravedad de la situación.

La formulación de un instrumento legal que satisfaga las necesidades de la protección es muy delicada, porque está referido a una materia que debiera abordarse en forma integral, es decir, considerar en un solo conjunto los diversos aspectos relativos a la prevención, detección, combate y uso del fuego, por la estrecha interconexión existente entre todos ellos. Es un motivo de preocupación que las iniciativas de proyectos que en estos momentos se están tramitando en el Parlamento estén apuntando, en forma reactiva, a resolver situaciones aisladas y puntuales, que si bien son importantes, no contribuyen realmente a resolver el problema de fondo que tenemos en nuestro país.

Finalmente, cabe reiterar que el presente verano 2016-17 ha sido catastrófico, y que ojalá no se repita, pero, para evitar que vuelva a ocurrir, una vez por todas deberemos ser consecuentes con las lecciones que tristemente hemos aprendido.


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