(La Segunda) Este miércoles, la ministra Carolina Schmidt asistirá a la Comisión del Medio Ambiente de la Cámara, con el fin de continuar con la tramitación del proyecto que modifica el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Un sistema que actualmente está evaluando 480 iniciativas de inversión por más de US$27 mil millones.

El proyecto de ley, clave para lograr el shock de inversión que pretende la administración Piñera, tiene dos aspectos esenciales: elimina las comisiones regionales, dejando el proceso de evaluación en tres macro zonas, e institucionaliza la participación de las comunidades potencialmente afectadas por los proyectos.

Sobre este último punto, Hernán Brucher, director del SEIA, manifestó el pasado 13 de septiembre en un seminario de Sofofa que, de ser aprobada, la futura ley “evitará que los proyectos caigan en un loop de judicialización”.

Además, dijo, la inclusión de una etapa previa de diálogo con la comunidad podría disminuir hasta en un año el tiempo de evaluación de los proyectos más grandes. Actualmente, pueden superar los tres años.

En el Congreso anticipan que este punto será importante para la negociación del proyecto, más cuando el Ejecutivo postergó la firma del Convenio de Escazú, tratado internacional que asegura que en la tramitación de proyectos se incluya la mirada de las comunidades.

“Nos llama la atención que no se haya firmado el convenio, más aún cuando el Ejecutivo ha señalado que el eje principal del proyecto es la participación temprana. Nos interesa que la ministra nos explique esa situación”, comenta la diputada Catalina Pérez, presidenta de la Comisión del Medio Ambiente.

Principales dudas

Entre las principales dudas a la participación previa está cuál es el límite de la participación. En un informe sobre el proyecto de ley, la Corte Suprema planteó dudas sobre qué se entiende por personas u organizaciones “directamente afectadas” por las inversiones.

Coincide con ello Giovanni Calderón, ex diputado UDI y actual director ejecutivo de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático de Corfo. “Lo más importante para que la participación temprana sea efectiva, es que en el diálogo estén presentes los actores sociales relevantes dentro de una comunidad. De lo contrario, sólo se producirá una doble instancia de participación que no garantizará acortar los plazos para la ejecución de los proyectos ni evitará una eventual judicialización”.

Otra duda de la Corte Suprema tiene relación con cómo se coordinará la participación que considera el proyecto de ley con la consulta indígena del convenio 169 de la OIT. Para el ex fiscal del Ministerio del Medio Ambiente Jorge Andrés Cash, esta omisión no es negativa. Es más, en la administración pasada planteó la idea de separarla del proceso ambiental.

Miradas privadas

En los sectores productivos, la participación temprana es valorada. Sin embargo, existe una serie de matices.

El think tank Valor Minero construyó una propuesta con gremios como la CPC, Sofofa, Consejo Minero y la Asociación de Generadoras, manifestando la necesidad de que una agencia autónoma, independiente del SEIA, tenga la responsabilidad de realizar el proceso de consulta previa.

En el mismo seminario del 13 de septiembre, el presidente de las generadoras, Claudio Seebach, también expresó que para asumir las consultas previas, el SEIA ineludiblemente requerirá de más recursos.

Aspecto que estaría cubierto por los casi $1.800 millones adicionales que considera el informe financiero de la Dirección de Presupuestos.

Si bien en el proyecto del gobierno sólo se contempla participación anticipada para los grandes proyectos (los que deben realizar estudios y no declaraciones de impacto ambiental), en el área inmobiliaria están atentos a que la iniciativa no se amplíe a las declaraciones.

“Siempre es bueno tener instancias de participación. Pero los proyectos inmobiliarios ya contemplan el factor participativo en los planos reguladores. Aplicar un nuevo proceso sería redundante”, comenta Vicente Domínguez, presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios.

Hernán Brücher, Director SEIA: Fortalecer participación

“La idea es que las comunidades puedan opinar en la etapa de diseño del proyecto. Hoy la participación ciudadana es bastante baja –cerca de un 5% de las declaraciones de impacto ambiental- por lo tanto, hacemos un llamado a fortalecerla”.

Gonzalo Said, presidente inmobiliarias: Autonomía

“Es importante avanzar en redefinir el rol meramente coordinador del SEIA, así como en otorgarle mayores grados de autonomía a sus directivos del ciclo político”, dijo el directivo en el seminario “Reforma al SEIA” de la Sofofa del 13 de septiembre.