(Radio Cooperativa) La Intendencia de La Araucanía anunció este martes la creación de una unidad conjunta entre Carabineros y la Policía de Investigaciones, además de otros organismos, para combatir la violencia rural en la región.

El intendente Luis Mayol confirmó a Cooperativa que se trata de “una fuerza de tarea conjunta que va a estar radicada en Temuco, para toda la macrozona, en un piso del edificio nuevo de la PDI”.

“En ese mismo lugar va estar un grupo especializado de la PDI, Carabineros y del Ministerio Público, con la colaboración y coordinación del Servicio de Impuestos Internos, el SAG (Servicio Agrícola y Ganadero) y la Conaf (Corporación Nacional Forestal)”, detalló.

La autoridad regional agregó que con esta medida se busca responder a las críticas de agrupaciones de agricultores y gremios productivos por presuntas descoordinaciones de las policías y la Fiscalía.

Esta medida forma parte del Plan Araucanía que lanzará este mes el Presidente Sebastián Piñera con el objetivo de reimpulsar el desarrollo de la región, la más pobre del país, y sacar de la zona de rezago a las provincias de Malleco y Cautín.

Ingresan proyecto para endurecer penas

En tanto, un grupo de diputados, formado por los DC Iván Flores y Pablo Lorenzini y sus pares RN Harry Jürgensen y Cristóbal Urruticochea, ingresaron un proyecto de ley que modifica el Código Penal para endurecer las penas para los delitos cometidos en zonas rurales y descampadas, donde “la víctima queda en mayor indefensión”.

La iniciativa “aumenta en un grado los delitos y simples delitos cometidos en contra de la vida, salud, integridad, libertad, indemnidad y patrimonio de las personas que habiten en sectores denominados rurales, que favorezcan la impunidad o mayor indefensión de la víctima, aprovechándose de la ventaja de la distancia que separa a las víctimas del auxilio de la fuerza pública”.

El diputado Flores explicó que “los delitos cometidos en sectores rurales, desde el 2010 a la fecha, han aumentado en un 12 por ciento” y fustigó que “los delincuentes actúan sobre seguro y en muchos casos de forma violenta, aprovechándose del desamparo y estado de vulneración en que se encuentran las víctimas”.

Según apuntan los parlamentarios, el único delito rural penado en la legislación chilena es el abigeato (hurto de ganado), y para Jürgensen no es suficiente: “Hoy en día, lamentablemente, estamos viendo que casos como los portonazos que todos conocen no solamente se producen en la ciudad”, sino que “también en el campo, el que todos lo conocíamos como una zona de tranquilidad y paz”.

“El agricultor, tanto el pequeño como el grande, son ciudadanos que no tienen sus hogares bajo llaves o con alarmas y, por ello, el delincuente tiene ventaja por ese desamparo, por esa confianza, por estar lejos de las policías y también por no poder existir una velocidad en la reacción si es que ellos cuentan con algún sistema de seguridad”, sostuvo.