(El Mercurio) A inicios de la semana entrante, el Ejecutivo dará a conocer el proyecto de ley que otorgará gratuidad a los estudiantes más vulnerables en los centros de formación técnica (CFT) y en los institutos profesionales.

La propuesta, que inicialmente no estaba contemplada en el programa de Gobierno, y que fue agregada luego de la segunda vuelta presidencial, buscará avanzar en la cobertura de los alumnos hasta el noveno decil, en un plazo de cuatro años.

Este proyecto de ley y tres de las iniciativas anunciadas después del consejo de gabinete del miércoles ya se encuentran en etapa de borrador, e incluso, explican de La Moneda, han sido socializados en el oficialismo y están siendo revisados por la Dirección de Presupuestos.

Ley de Pesca

Desde la Segpres adelantaron que el Gobierno está evaluando presentar una ley corta para cambiar los aspectos cuestionados que tienen que ver con el sector industrial.

Respecto de la posibilidad de terminar con las concesiones, el ministro Gonzalo Blumel señaló en una entrevista radial que “en la medida que vayan venciendo los plazos de concesiones, se puede establecer licitaciones con reglas nuevas, más transparentes y competitivas de la cuota pesquera en el máximo nivel”.

El secretario de Estado agregó que el Gobierno pretende “introducir licitaciones al sistema que permitan que entren más actores y que se genere más competencia dentro de esa industria”.

La iniciativa también busca hacerse cargo del combate a la pesca ilegal, fortalecer los derechos de la pesca artesanal y los criterios científicos en el uso de los recursos.

Indicaciones sustitutivas

La fórmula que el Gobierno contempla para impulsar la ley de isapres y la ley de fármacos sería presentar indicaciones sustitutivas a iniciativas ya tramitadas en el Congreso.

Respecto de la ley de fármacos, se trabajará en la moción parlamentaria que presentaron los senadores Manuel José Ossandón (RN), Guido Girardi (PPD) y un grupo de parlamentarios, que buscará profundizar la competencia y la transparencia de la industria farmacéutica, cuyo objetivo principal será el de disminuir el precio de los medicamentos, además de fortalecer el uso de genéricos o bioequivalentes.

Uno de los mecanismos para avanzar en esto sería el permitir la venta de remedios sin recetas en supermercados y en el comercio en general.

Si bien no se ha querido adelantar el orden de la presentación del resto de las iniciativas, desde La Moneda explicaron que la ley de isapres es la menos avanzada, pues se trabajará a través de una indicación sustitutiva al proyecto que actualmente está en la Cámara.

Quienes conocen el contenido de la iniciativa comentan que pretende terminar con las preexistencias y con aquellos factores de discriminación. Al respecto, el ministro Blumel detalló que aquellas modificaciones permitirían “un plan único de salud que en el fondo establezca garantías de acceso, garantías de atención, que no discrimine y que se evite el alza de precios injustificada o arbitraria”.

Acción Educar manifiesta preocupación por CFT e IP

Desde Acción Educar, su director ejecutivo, Daniel Rodríguez, mostró preocupación por la iniciativa que busca entregar gratuidad al segmento técnico-profesional.

Según explicó: “El Gobierno había desplegado una agenda, y la semana pasada se había desplegado una agenda donde se apuntaba a reemplazar el Crédito con Aval del Estado (CAE), en lo que se interpreta como un esfuerzo por preocuparse por el financiamiento de todos los estudiantes, no solo de los gratuitos. Se entendía el reemplazo del CAE como una forma mayor y amplia de abordar el tema del financiamiento”.

Rodríguez insistió en que “entiendo que es una promesa de campaña, pero no están los criterios de buen diseño de política pública; de priorización del gasto en los más vulnerables, no cumple; racionalización de la agenda para partir con los más vulnerables y los más pequeños, que es donde la inversión es más relevante, también falla. ¿Entonces, con qué criterios se prioriza este proyecto versus la agenda de hace un mes y medio, que a mi modo de ver era impecable? Todo esto me parece algo muy preocupante”, afirmó Rodríguez.

Según las estimaciones del centro de estudios, ampliar la gratuidad a los alumnos del 70% más vulnerable beneficiaría a 24.284 jóvenes. Esto considerando solo a los planteles que hoy están adscritos al beneficio, lo cual tendría un costo estimado de $42.873.559.846.