(Pulso) Alameda 1449, torre 2, piso 11. En este lugar, el subsecretario de Economía, Ignacio Guerrero, se reunió ayer con una serie de gremios de pymes, del mundo del emprendimiento y de representantes de grandes compañías pagadoras, como Walmart, para intercambiar ideas sobre cómo debería ser el proyecto de ley sobre “pago oportuno”, que el ministro de Economía, José Ramón Valente, anunció que despacharía al Congreso.

La posible normativa -que podría ser una indicación al proyecto que ahora se tramita en el Legislativo- busca establecer que la fecha pactada en la factura, sea de pago efectivo, y ojalá, en un máximo de 30 días, idea que es apoyada también por gremios empresariales como Sofofa, CPC y CNC, que fueron parte de la cita de ayer. La primera de varias que espera realizar la Subsecretaría de Economía, para llegar a un consenso.

El tema no es menor si se considera que actualmente, las pymes generan cerca del 67% de las fuentes de trabajo. Además, el gobierno ha definido a la pyme como uno de los símbolos de la reactivación. “Estamos convencidos que resulta fundamental y prioritario avanzar en estas materias para beneficiar al país y a los cientos de miles de pequeños y medianos empresarios”, comenta Alejandra Mustakis, presidenta de la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech), y agrega: “La idea es colaborar en un marco legal que ayude a emparejar la cancha, y de pasada resuelva parte de las asimetrías que encontramos todos los días”.

Por su parte, Juan Araya, presidente de Conapyme, indica que lo más importante del proyecto es incluir que el mandante o cliente que haya emitido una factura y no paga en el plazo de 30 días, no pueda usar el IVA como crédito fiscal. “Esto ha sido planteado al actual gobierno como parte de las conversaciones previas, pero también a autoridades de la administración anterior. Este mecanismo impondrá obligaciones reales, además de impedir a quienes retardan los pagos, jugar con el IVA y no quedar librado sólo a las buenas prácticas voluntarias. Si se llega a aprobar una ley que incluya ese concepto, se crearía un circulo virtuoso, porque los pagos se harán en los tiempos convenidos”, dice Araya.

Desde la academia, Tomás Flores, economista y profesor de la Universidad Mayor, estima que se debe avanzar con dos instrumentos: El primero (que no requiere ley), es establecer que todos los servicios públicos y empresas del Estado se adhieran al sello Propyme del Ministerio de Economía, lo que implica que deben pagar antes de 30 días a sus proveedores pymes. “Y el segundo -definido por ley- es que la empresa compradora de bienes y servicios a una pyme no pueda ocupar el IVA crédito de la factura si no le ha pagado a su proveedor”, indica Flores, coincidiendo así con el líder de Conapyme.

Mario Espinosa, gerente general de Defensa Pyme, también destaca la importancia de fortalecer el Sello Propyme, además de establecer un plazo máximo para el pago de las facturas. “Si bien es bueno entregar como primera opción que el pago se haga en el plazo convenido por las partes, el proyecto debiera establecer un plazo máximo para el pago de la factura, a fin de no permitir abusos por parte de empresas con mayor poder de negociación”, dice Espinoza.

Por su parte, Ricardo Ibáñez, socio de la consultora de outsourcing contable, Astur, plantea: “Lo que tiene que incorporar el proyecto para hacer eficiente el pago de las pymes, es que no se puedan aprovechar los créditos fiscales de las facturas impagas, para lo cual sólo se debe habilitar esa opción en la página web del SII”, dice Ibáñez.